El Congreso da un pequeño paso hacia la regulación del cannabis con fines médicos

Pequeña victoria del movimiento cannábico. O de parte de él, al menos. El Congreso ha aprobado una propuesta del PNV para la creación de una subcomisión de Sanidad que analice experiencias internacionales de regulación del cannabis para uso medicinal. Es, será, lo más cerca que ha estado nunca el Parlamento de estudiar la legalización del consumo de cannabis con fines terapéuticos.

La propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos, excepto PP y Vox, únicas formaciones que se oponen a siquiera crear un órgano que estudie una regulación. Los populares han afirmado que no existe evidencia científica para hacerlo y que no es el momento; el partido ultra cree que hay demasiadas comisiones ya en funcionamiento.

Una buena noticia para los regulacionistas es que el PSOE haya aprobado la propuesta, ya que se considera el partido clave en la cuestión: la izquierda es pro regulación, los nacionalistas también y la derecha está en contra. Entre medias, los socialistas inclinan la balanza. Este jueves han dado el «sí» con cautela y recordando sus dudas respecto a la evidencia científica palmaria en la cuestión, aunque también ha admitido su portavoz, Daniel Vicente Viondi, los pasos que han dado tanto la ONU como el Parlamento europeo en pro de una regulación. «Este es el momento», ha sostenido Viondi en relación a la necesidad de estudiar la cuestión. «Es aquí y ahora».

El PNV explica en su propuesta que el objetivo de la subcomisión será «analizar las experiencias promovidas por Gobiernos de distintos países en la regulación del cannabis para uso médico, así como la evidencia científica existente al respecto (…). Su objeto será conocer esas experiencias, así como escuchar las voces de cuantos agentes se considere oportuno para que, de forma rigurosa y científica, nos sirva para avanzar en los cambios legislativos necesarios y dar respuesta a tantas y tantas personas y colectivos de pacientes, así como profesionales médicos y científicos que demandan su regulación».

Esta afirmación del PNV tiene su respaldo demoscópico. El apoyo a la regulación del cannabis es masivo en la sociedad, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas que cifra en un 90% el apoyo a la regulación terapéutica y en un 48% (con un 40% en contra) a la regulación integral.

Que se haya aprobado una subcomisión que estudie el asunto es un primer paso, pero el camino por andar aún es largo. Una hipotética regulación del cannabis, bien sea en su vertiente medicinal como se propone ahora o en su versión integral como demandan algunos colectivos y defienden partidos como Unidas Podemos, Más Madrid o ERC, necesita el apoyo del PSOE, y los socialistas no se han mostrado muy por la labor hasta ahora. En repetidas ocasiones ha sostenido el partido que «no existe evidencia científica suficiente» para regular el cannabis medicinal, tanto en respuestas parlamentarias a otros partidos como en preguntas de la prensa.

Los defensores de la regulación se sorprenden ante el hecho –la contradicción, lo llaman ellos– de que mientras se niega la evidencia científica, España autorice el cultivo de cannabis en su territorio y la exportación de la planta a otros países que sí tienen programas medicinales. Es el caso, por ejemplo, de Linneo Health, la empresa de Juan Abelló que tiene una de las licencias que otorga la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a discreción. «No tiene sentido que aquí nos digan que no mientras exportan a otros países», sostiene Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y una de las personas que más ha trabajado por una regulación del cannabis con fines terapéuticos.

Pragmatismo

La diputada del PNV Josune Gorospe, promotora de la iniciativa, ha recordado que la regulación medicinal se da en muchos países del entorno español, como Francia, Italia, Alemania o Portugal, entre otros. «Suponemos que ellos se basarán en evidencias científicas», ha ironizado en su intervención acerca de la postura histórica del PSOE, aunque después ha recordado que la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, sí ha afirmado en alguna ocasión su disposición a al menos explorar el terreno.

También ha sostenido la diputada vasca que aunque su grupo es partidario de una regulación integral, por una cuestión de «pragmatismo» y «urgencia» han optado por empezar por la medicinal. «Es más importante la salud y la dignidad de las personas que otras cuestiones como la libertad», ha explicado, tras argumentar que durante el confinamiento y en los meses de pandemia muchos usuarios de cannabis medicinal «se han visto empujados» al mercado negro.

Pérez y el OECM, como varios partidos de la Cámara, defienden como concepto una regulación integral, pero a la vez son conscientes de que esta tiene mucha resistencias en España y creen que empezar por el terapéutico es un principio. «Somos millones de personas que vivimos con dolor, necesitamos esta regulación«, explica Pérez. «Pero viendo que hasta la Organización Médica Colegial sigue diciendo que no hay evidencia… «Solo queremos –explica en relación a la subcomisión aprobada– que se escuche a los expertos». Y zanja: «Que hoy no se votaba la legalización siquiera, pedimos un guiño nada más».

El OECM cree que los partidos que rechazan la regulación bajo el argumento de que no hay evidencia científica (PP y PSOE, principalmente) se han quedado atascados en el pasado. Y ofrece argumentos para sostener su afirmación. La más clara es que, recientemente, la ONU sacó el cannabis de la lista IV de fiscalización de sustancias estupefacientes –la más restrictiva de sus listas y la que incluye sustancias sin propiedades terapéuticas– y defendió que sí tiene propiedades terapéuticas. Se da la contradicción, además, de que mientras el Gobierno en España defiende oficialmente que no existe evidencia científica al respecto, en la votación de la ONU de Viena del pasado diciembre su representante votó a favor de la postura de la ONU, reconocimiento terapéutico incluido.

El OECM se congratula por haber salvado lo que consideran la última bala por la regulación. Era el momento, sostiene Pérez. Con cada vez más países creando programas medicinales, otras naciones como Uruguay o Canadá regulando también el uso integral, el apoyo creciente de la sociedad, la relajación de la ONU y las condiciones del país para ser una potencia en la producción de cannabis (algunos cálculos hablan de un posible mercado de hasta 3.000 millones de euros al año para España), ahora era el momento, sostienen. Además, España cuenta con uno de los grupos de investigación sobre los efectos médicos del cannabis más potentes del mundo en la Universidad Complutense de Madrid.

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) emitió un comunicado en el que celebra la apertura de la subcomisión y pide que «la futura regulación sea para ayudar a las personas y no a las empresas».

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