El Supremo anula 18 farmacias que funcionan desde hace diez años

El pulso por 18 farmacias llega a su resolución judicial y con malas noticias para los propietarios de las oficinas. De nuevo, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que ordena al Govern iniciar un nuevo concurso desde cero para adjudicar estas boticas que llevan operativas desde 2012.

El concurso fue declarado ilegal ya en 2013 en una sentencia que es firme desde hace años. Anulaba una de las condiciones del concurso que exigían una experiencia a los aspirantes que tenían que haber tenido antes una oficina de farmacia abierta. El problema que surge entonces es cómo aplicar esa resolución.

El Govern consideraba que era suficiente con anular ese punto y dejar de valorar la experiencia. En la práctica supone dejar igual las farmacias. El TSJIB estuvo de acuerdo con esa ejecución y rechazó un recurso del farmacéutico que llevo el caso a los tribunales. Esto ocurrió en 2016. Cinco años después, el Supremo dicta su segunda sentencia al respecto: señala que no es suficiente con eliminar ese criterio de valoración y ordena que se lleve a cabo el concurso de nuevo desde el inicio.

El motivo es que, la inclusión de ese mérito pudo disuadir a otros posibles aspirantes a acudir al procedimiento abierto. «No es suficiente esa solución para considerar correctamente ejecutada la sentencia porque mantiene la validez de los demás actos derivados de la convocatoria».

Segunda resolución

Esta sentencia del Supremo, dictada este mismo mes de julio, reitera el criterio que ya fijó el tribunal hace dos años. Ocurrió, sin embargo, que el alto tribunal anuló esa primera resolución porque no se había emplazado en el procedimiento a los dieciocho farmacéuticos afectados. Se les ha dado trámite para que formulen cualquier alegación y se puedan defender en el procedimiento. Sin embargo, la nueva resolución no mueve una coma de la anterior: las adjudicaciones son nulas y el concurso tiene que volver a ponerse en marcha.

La causa vuelve ahora al TSJIB que es a quien ordena el Supremo que «ejecute la sentencia en sus propios términos y con arreglo a lo aquí razonado». La consecuencia debe ser una orden a la Conselleria para que anule la convocatoria de 2011 y que vuelva a convocar un concurso. Ahí no se acabará el problema porque queda un nuevo episodio: ¿Qué ocurre con los actuales propietarios de las farmacias si las pierden? De ahí derivarán nuevos procedimientos contra la Administración por responsabilidad patrimonial.

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*