Región de Murcia

Retrasan un día la comparecencia del presidente de la Región de Murcia para darle traslado de la querella por el caso Auditorio

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Lorca cita a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la comunidad autónoma de la Región de Murcia, para que comparezca el próximo día 15 de julio de 2015, a las 10:00 horas, “al objeto de conferirle traslado de la querella, según lo acordado en auto de fecha 22 de junio de 2015”.

Así se recoge en una diligencia de ordenación dictada por la secretaria judicial, en la que se le tiene por personado, “vistas la alegaciones formuladas y ante la imposibilidad de poder comparecer el día 14 de julio de 2015, a las 10:00 horas”. 

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El juzgado de lo Mercantil requiere a la Federación Española de Fútbol para que no impida participar en la competición al FC Cartagena por no presentar aval

El juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia, por auto notificado ayer, estima parcialmente la solicitud formulada por la concursada Fútbol Club Cartagena SAD y requiere a la Federación Española de Fútbol para que se abstenga de aplicar al club consecuencia alguna desfavorable por la no presentación de aval o consignación a que se refiere el artículo 105 del Reglamento de la RFEF. Una suma de 200.000 euros que, en su caso, se destinaría a pagar, por cuenta del club, la eventuales deudas con sus futbolistas y técnicos.

En el mismo sentido, ordena requerir a la RFEF para que deje sin efecto el acuerdo del Secretario General de la RFEF de 30 diciembre de 2014 y se abstenga de aplicar consecuencia desfavorable alguna al Futbol Club Cartagena por el impago de la deuda de 108.905 euros que mantiene con dos futbolistas por ejercicios anteriores.

Los fundamentos jurídicos del auto se centran en determinar si los acuerdos de la RFEF dictados al amparo de su Reglamento (y que suspenden la expedición o renovación de licencias a futbolistas de la concursada o que le exigen un aval que garantice antiguas o futuras deudas para participar en la competición), pueden prevalecer sobre la normativa concursal.

Para ello, con carácter previo, recoge resoluciones judiciales que han interpretado la normativa en asuntos iguales o similares al presente –Orihuela, Real Betis, Real Jaén, Salamanca, Polideportivo Ejido, Puertollano, Rayo Vallecano-, y que según la resolución (FJ.3º), mantienen, en síntesis, dos posturas: las resoluciones que entienden que la normativa de la RFEF no puede prevalecer sobre principios básicos del proceso concursal; y las que entienden que la Disposición Adicional 2ª bis introducida en la Ley Concursal en 2011 hace prevalecer la normativa de la RFEF.

En sus fundamentos, la resolución recuerda que en el concurso de acreedores los primeros créditos que deben abonar son los llamados créditos contra la masa, que conforme al artículo 84 LC se deben abonar por orden de vencimiento. Concluyendo “que ni el juez del concurso ni la administración concursal podrían autorizar el cumplimiento de las concretas obligaciones federativas indicadas en el ámbito del concurso. El cumplimiento de dicha obligaciones supondría que se estarían anteponiendo o garantizando pagos”. 

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El juzgado de lo Mercantil requiere a la Federación Española de Fútbol para que no impida participar en la competición al FC Cartagena por no presentar aval

El juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia, por auto notificado ayer, estima parcialmente la solicitud formulada por la concursada Fútbol Club Cartagena SAD y requiere a la Federación Española de Fútbol para que se abstenga de aplicar al club consecuencia alguna desfavorable por la no presentación de aval o consignación a que se refiere el artículo 105 del Reglamento de la RFEF. Una suma de 200.000 euros que, en su caso, se destinaría a pagar, por cuenta del club, la eventuales deudas con sus futbolistas y técnicos.

En el mismo sentido, ordena requerir a la RFEF para que deje sin efecto el acuerdo del Secretario General de la RFEF de 30 diciembre de 2014 y se abstenga de aplicar consecuencia desfavorable alguna al Futbol Club Cartagena por el impago de la deuda de 108.905 euros que mantiene con dos futbolistas por ejercicios anteriores.

Los fundamentos jurídicos del auto se centran en determinar si los acuerdos de la RFEF dictados al amparo de su Reglamento (y que suspenden la expedición o renovación de licencias a futbolistas de la concursada o que le exigen un aval que garantice antiguas o futuras deudas para participar en la competición), pueden prevalecer sobre la normativa concursal.

Para ello, con carácter previo, recoge resoluciones judiciales que han interpretado la normativa en asuntos iguales o similares al presente –Orihuela, Real Betis, Real Jaén, Salamanca, Polideportivo Ejido, Puertollano, Rayo Vallecano-, y que según la resolución (FJ.3º), mantienen, en síntesis, dos posturas: las resoluciones que entienden que la normativa de la RFEF no puede prevalecer sobre principios básicos del proceso concursal; y las que entienden que la Disposición Adicional 2ª bis introducida en la Ley Concursal en 2011 hace prevalecer la normativa de la RFEF.

En sus fundamentos, la resolución recuerda que en el concurso de acreedores los primeros créditos que deben abonar son los llamados créditos contra la masa, que conforme al artículo 84 LC se deben abonar por orden de vencimiento. Concluyendo “que ni el juez del concurso ni la administración concursal podrían autorizar el cumplimiento de las concretas obligaciones federativas indicadas en el ámbito del concurso. El cumplimiento de dicha obligaciones supondría que se estarían anteponiendo o garantizando pagos”. 

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La Sala Contenciosa desestima el recurso del PSOE contra la proclamación de electos en Lorca

La Sala Contencioso Administrativa del TSJMU desestima el recurso contencioso-electoral interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español, contra el Acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Lorca de 8 de junio de 2015 por el que aprueba el Acta de Proclamación de Electos en las Elecciones Municipales celebradas el 24 de mayo de 2015.

La sentencia es firme, no cabe recurso alguno, sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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La Sala Contenciosa desestima el recurso del PSOE contra la proclamación de electos en Lorca

La Sala Contencioso Administrativa del TSJMU desestima el recurso contencioso-electoral interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español, contra el Acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Lorca de 8 de junio de 2015 por el que aprueba el Acta de Proclamación de Electos en las Elecciones Municipales celebradas el 24 de mayo de 2015.

La sentencia es firme, no cabe recurso alguno, sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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El juzgado de Lorca admite la querella del caso Auditorio

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca admite  a trámite la querella presentada por el Ministerio Fiscal por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial contra Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación y Cultura, y otras 13 personas, además de los miembros de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Puerto Lumbreras en febrero y marzo de 2008.

En el auto se acuerda la práctica de determinadas diligencias y ordena citar a los querellados para que comparezcan en el juzgado y “darles traslado de la querella e informarles de los hechos que se les imputan, permitiéndoles así ser oídos acerca de su posible intervención en la ejecución del hecho punible y ejercitar el derecho de defensa en su más amplio concepto”.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer ante este Juzgado recurso de reforma en el plazo de tres días y/o recurso de apelación. 

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El juzgado de Lorca admite la querella del caso Auditorio

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca admite  a trámite la querella presentada por el Ministerio Fiscal por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial contra Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación y Cultura, y otras 13 personas, además de los miembros de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Puerto Lumbreras en febrero y marzo de 2008.

En el auto se acuerda la práctica de determinadas diligencias y ordena citar a los querellados para que comparezcan en el juzgado y “darles traslado de la querella e informarles de los hechos que se les imputan, permitiéndoles así ser oídos acerca de su posible intervención en la ejecución del hecho punible y ejercitar el derecho de defensa en su más amplio concepto”.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer ante este Juzgado recurso de reforma en el plazo de tres días y/o recurso de apelación. 

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El TSJMU confirma la condena a un hombre por el doble asesinato de sus tíos

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestima el recurso de apelación contra la sentencia de octubre de 2014, del magistrado-presidente del Tribunal del Jurado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, que condenaba a un hombre como autor de dos delitos consumados de asesinato, con la atenuante analógica de drogadicción y la agravante de abuso de confianza a la pena de 36 años de prisión, inhabilitación absoluta e indemnización de 30.000 euros a los hijos de las víctimas.

Según el relato de hechos de la sentencia, el jurado consideró probado que el 6 de diciembre de 2012, el acusado se dirigió al domicilio de sus tíos, de 82 y 83 años de edad respectivamente. Tras una discusión con su tío, lo redujo, arrancándole el cinturón de la bata y rodeándole el cuello hasta que logró causarle la muerte por asfixia. Y, a continuación, se introdujo en la habitación en la que se encontraba su tía, postrada en cama desde hacía tiempo, golpeándola y rodeando su cuello con el mismo cinturón la asfixió.

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El TSJMU confirma la condena a un hombre por el doble asesinato de sus tíos

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestima el recurso de apelación contra la sentencia de octubre de 2014, del magistrado-presidente del Tribunal del Jurado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, que condenaba a un hombre como autor de dos delitos consumados de asesinato, con la atenuante analógica de drogadicción y la agravante de abuso de confianza a la pena de 36 años de prisión, inhabilitación absoluta e indemnización de 30.000 euros a los hijos de las víctimas.

Según el relato de hechos de la sentencia, el jurado consideró probado que el 6 de diciembre de 2012, el acusado se dirigió al domicilio de sus tíos, de 82 y 83 años de edad respectivamente. Tras una discusión con su tío, lo redujo, arrancándole el cinturón de la bata y rodeándole el cuello hasta que logró causarle la muerte por asfixia. Y, a continuación, se introdujo en la habitación en la que se encontraba su tía, postrada en cama desde hacía tiempo, golpeándola y rodeando su cuello con el mismo cinturón la asfixió.

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El juez ordena continuar el procedimiento contra el alcalde de Murcia

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia acuerda que se continúe la tramitación de la pieza separada Convenio Nueva Condomina (DP. 4992/08) por el procedimiento abreviado contra el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía y el empresario Jesús Samper Vidal por los posibles delitos de uso de información privilegiada y prevaricación. Además de contra Pedro Lorenzo Morillas Sánchez y Joaquín Peñalver Motas por el delito de prevaricación.

En el auto, notificado hoy, el juez abre la fase intermedia, previa a la eventual fase de juicio oral, y concreta los indicios de comisión de delitos, que de acuerdo a las diligencias practicadas y siempre presuntamente, entiende que existen contra cada uno de los imputados.

Igualmente, en la parte dispositiva de la resolución, se rechaza la cuestión de prescripción alegada por la defensa de Miguel Ángel Cámara.

De la citada resolución se da traslado al Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas, para que, en su caso, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

La resolución no es firme y cabe recurso de reforma ante el juzgado que la dictó y/o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. 

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