Región de Murcia

El instructor del caso Novo Carthago ofrece al expresidente de Murcia declarar voluntariamente como imputado

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Manuel Abadía, que instruye las Diligencias 2/2013 sobre prevaricación en el proyecto Novo Carthago, ha ofrecido al expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, hoy eurodiputado, “la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este Magistrado Instructor, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias”.

En un auto, el instructor señala al expresidente autonómico que, “en el caso de que decida prestar declaración de forma voluntaria, tiene treinta días hábiles para hacerlo ante este Magistrado Instructor, que señalará en sábado o domingo su declaración si desea prestarla, con la finalidad de no interrumpir su actividad en el Parlamento Europeo”.

Si transcurre ese plazo sin que Valcárcel preste declaración, el magistrado elevará exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano ante el que el expresidente murciano está aforado en razón de su condición de parlamentario europeo.

En la resolución notificada hoy, el instructor cita además como imputados por un supuesto delito de cohecho a Rosario Valcárcel Cruz, Fulgencio Perán Jiménez, Juan Francisco Cruz Alfaro, Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño García.

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El instructor del caso Novo Carthago ofrece al expresidente de Murcia declarar voluntariamente como imputado

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Manuel Abadía, que instruye las Diligencias 2/2013 sobre prevaricación en el proyecto Novo Carthago, ha ofrecido al expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, hoy eurodiputado, “la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este Magistrado Instructor, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias”.

En un auto, el instructor señala al expresidente autonómico que, “en el caso de que decida prestar declaración de forma voluntaria, tiene treinta días hábiles para hacerlo ante este Magistrado Instructor, que señalará en sábado o domingo su declaración si desea prestarla, con la finalidad de no interrumpir su actividad en el Parlamento Europeo”.

Si transcurre ese plazo sin que Valcárcel preste declaración, el magistrado elevará exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano ante el que el expresidente murciano está aforado en razón de su condición de parlamentario europeo.

En la resolución notificada hoy, el instructor cita además como imputados por un supuesto delito de cohecho a Rosario Valcárcel Cruz, Fulgencio Perán Jiménez, Juan Francisco Cruz Alfaro, Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño García.

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El TSJMU acepta la competencia del caso Auditorio respecto a Pedro Antonio Sánchez

La sala de admisión del TSJ de Murcia, en auto notificado hoy, admite su competencia para el conocimiento de la querella presentada por el Ministerio Fiscal  contra el aforado Pedro Antonio Sánchez López, consejero de Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia.

Paralelamente la sala declara su falta de competencia respecto a los hechos imputados en la querella a las personas no aforadas.

Por ello, se acuerda remitir la querella presentada al partido judicial de Lorca “dado que los hechos contenidos en la querella, por su relevancia penal,  deberán ser investigados  por el órgano judicial predeterminado por la ley, al resultar inviable, por el momento, la individualización inequívoca y relevante de dichos hechos contra la única persona aforada que justificaría la atribución de competencia de esta Sala”.

Corresponderá al Juzgado de Instrucción de Lorca “con la libertad de criterio que constitucionalmente le es propia,  asumirla para su investigación, y en el curso de la misma, si procediera en cuanto a competencia y fondo,  deberá concretar e individualizar los hechos y conductas con relevancia penal que se refieran al aforado”, Pedro Antonio Sánchez López y, en su caso,  procederá a la elevación a esta Sala de una Exposición Razonada para examen por la misma.

Contra este Auto cabe interponer recurso de súplica en el plazo de los tres días siguientes a su notificación ante la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La decisión ha sido adoptada por mayoría. Se ha formulado un voto particular.

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El TSJMU acepta la competencia del caso Auditorio respecto a Pedro Antonio Sánchez

La sala de admisión del TSJ de Murcia, en auto notificado hoy, admite su competencia para el conocimiento de la querella presentada por el Ministerio Fiscal  contra el aforado Pedro Antonio Sánchez López, consejero de Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia.

Paralelamente la sala declara su falta de competencia respecto a los hechos imputados en la querella a las personas no aforadas.

Por ello, se acuerda remitir la querella presentada al partido judicial de Lorca “dado que los hechos contenidos en la querella, por su relevancia penal,  deberán ser investigados  por el órgano judicial predeterminado por la ley, al resultar inviable, por el momento, la individualización inequívoca y relevante de dichos hechos contra la única persona aforada que justificaría la atribución de competencia de esta Sala”.

Corresponderá al Juzgado de Instrucción de Lorca “con la libertad de criterio que constitucionalmente le es propia,  asumirla para su investigación, y en el curso de la misma, si procediera en cuanto a competencia y fondo,  deberá concretar e individualizar los hechos y conductas con relevancia penal que se refieran al aforado”, Pedro Antonio Sánchez López y, en su caso,  procederá a la elevación a esta Sala de una Exposición Razonada para examen por la misma.

Contra este Auto cabe interponer recurso de súplica en el plazo de los tres días siguientes a su notificación ante la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La decisión ha sido adoptada por mayoría. Se ha formulado un voto particular.

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Declaran el concurso del F.C. Cartagena

El juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia, por auto notificado hoy, ha declarado el concurso voluntario del F.C. Cartagena, una vez que el solicitante ha acreditado su estado de insolvencia.

Según la parte dispositiva de la resolución las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor quedan intervenidas por la administración concursal.

Igualmente se llama a todos los acreedores del concursado, para que en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado, comuniquen a la administración concursal la existencia de sus créditos.

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Declaran el concurso del F.C. Cartagena

El juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia, por auto notificado hoy, ha declarado el concurso voluntario del F.C. Cartagena, una vez que el solicitante ha acreditado su estado de insolvencia.

Según la parte dispositiva de la resolución las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor quedan intervenidas por la administración concursal.

Igualmente se llama a todos los acreedores del concursado, para que en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado, comuniquen a la administración concursal la existencia de sus créditos.

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Archivan las diligencias por presunta prevaricación en la demolición de la Escuela Infantil Municipal de La Paz en Murcia

La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Murcia ha archivado las diligencias 5042/11, sobre prevaricación administrativa, en el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil Municipal Nuestra Señora de la Paz.

La querella que dio origen a la presente causa denunciaba expresamente la demolición de las instalaciones el día 20 de noviembre de 2007 y calificaba los hechos de prevaricación de los funcionarios públicos del artículo 404 del Código Penal y malversación del artículo 434 del Código Penal.

Entre otras diligencias, se tomó declaración como imputados a Pilar Megía Rico y Fernando Berberena Loperena, quienes en el momento de los hechos eran teniente alcalde de Educación y Personal y titular de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, respectivamente. Además del presidente del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y el jefe del Servicio de Escuelas Infantiles.

Con la documentación requerida, y los testimonios recogidos, en el auto, notificado ayer, se concluye que “no se desprende la existencia de infracción penal alguna, ni puede considerarse acto jurídicamente injusto el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del Barrio de la Paz ni la disolución del Patronato de Escuelas Infantiles, pues no se observa la omisión de los trámites esenciales del procedimiento urbanístico que puedan ser considerados constitutivos de infracción penal, sin perjuicio de la legalidad administrativa cuyo control corresponde al Orden contencioso administrativo”.

En la motivación de la resolución se recuerda que “tanto el traslado como posterior demolición de la guardería tiene su origen en el escrito del 6 de abril de 2006 presentado en el Ayuntamiento por el 80% de los propietarios de viviendas sitas en el Barrio de la Paz, en el que solicitaban la aprobación de la reforma de dicho barrio actuando como gestor José López Rejas”.

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Archivan las diligencias por presunta prevaricación en la demolición de la Escuela Infantil Municipal de La Paz en Murcia

La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Murcia ha archivado las diligencias 5042/11, sobre prevaricación administrativa, en el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil Municipal Nuestra Señora de la Paz.

La querella que dio origen a la presente causa denunciaba expresamente la demolición de las instalaciones el día 20 de noviembre de 2007 y calificaba los hechos de prevaricación de los funcionarios públicos del artículo 404 del Código Penal y malversación del artículo 434 del Código Penal.

Entre otras diligencias, se tomó declaración como imputados a Pilar Megía Rico y Fernando Berberena Loperena, quienes en el momento de los hechos eran teniente alcalde de Educación y Personal y titular de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, respectivamente. Además del presidente del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y el jefe del Servicio de Escuelas Infantiles.

Con la documentación requerida, y los testimonios recogidos, en el auto, notificado ayer, se concluye que “no se desprende la existencia de infracción penal alguna, ni puede considerarse acto jurídicamente injusto el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del Barrio de la Paz ni la disolución del Patronato de Escuelas Infantiles, pues no se observa la omisión de los trámites esenciales del procedimiento urbanístico que puedan ser considerados constitutivos de infracción penal, sin perjuicio de la legalidad administrativa cuyo control corresponde al Orden contencioso administrativo”.

En la motivación de la resolución se recuerda que “tanto el traslado como posterior demolición de la guardería tiene su origen en el escrito del 6 de abril de 2006 presentado en el Ayuntamiento por el 80% de los propietarios de viviendas sitas en el Barrio de la Paz, en el que solicitaban la aprobación de la reforma de dicho barrio actuando como gestor José López Rejas”.

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Archivan el procedimiento contra el consejero de Educación de Murcia por prevaricación y cohecho

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye las Diligencias 1/2012 sobre prevaricación, cohecho e infidelidad de documentos ha ordenado el archivo y ha declarado el sobreseimiento libre de los dos imputados.

En la resolución se recoge el informe del Ministerio Fiscal concluyendo que  “en virtud de la prueba practicada en la instrucción de la causa”, debe procederse a dictar auto de sobreseimiento provisional respecto a Pedro Antonio Sánchez López (ex alcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Cultura y Universidades) y Juan Gázquez Ruiz.

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Archivan el procedimiento contra el consejero de Educación de Murcia por prevaricación y cohecho

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye las Diligencias 1/2012 sobre prevaricación, cohecho e infidelidad de documentos ha ordenado el archivo y ha declarado el sobreseimiento libre de los dos imputados.

En la resolución se recoge el informe del Ministerio Fiscal concluyendo que  “en virtud de la prueba practicada en la instrucción de la causa”, debe procederse a dictar auto de sobreseimiento provisional respecto a Pedro Antonio Sánchez López (ex alcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Cultura y Universidades) y Juan Gázquez Ruiz.

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