Región de Murcia

El TSJ de Murcia inhabilita durante nueve años a la alcaldesa de Pliego por prevaricación por omisión

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha condenado a los dueños del local de copas El Escondite, de Pliego (Murcia), José Carlos Melero Ortega y Francisco Belijar Leyva, por un delito contra el medio ambiente en concurso ideal con un delito de lesiones a dos años y seis meses de prisión, multa de 4.800 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con cafetería o local abierto al público con música durante dos años y un día.

Igualmente condena a la alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo Gómez, y a su antecesor en el cargo, Juan Guillén González, como autores de un delito de prevaricación continuado imponiéndoles la pena a cada uno de ellos de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El tribunal, que absuelve al arquitecto técnico Antonio Botía García, ha apreciado para establecer las penas la atenuante de dilaciones indebidas.

Por último la sala acuerda la clausura del pub El Escondite durante cinco años.

Frente a esta sentencia sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley  y por quebrantamiento de forma.

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Un juzgado de Murcia insta a la Consejería de Salud a que abone las prestaciones no percibidas a dos dependientes

Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia han condenado a la Consejería de Salud y Política Social de la Región de Murcia a que abone las prestaciones por dependencia no percibidas a dos beneficiarias. En ambas, la magistrada-juez acredita un “incumplimiento de plazo que reviste las notas de esencial y significativo” causando un “funcionamiento anormal en la Administración”.

Asimismo, una de las sentencias reconoce a los herederos de una mujer dependiente ya fallecida a cobrar las ayudas que no llegó a percibir a causa de estas dilaciones -más del doble de lo que establece la Ley- con los intereses correspondientes.

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Un juzgado de Murcia insta a la Consejería de Salud a que abone las prestaciones no percibidas a dos dependientes

Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia han condenado a la Consejería de Salud y Política Social de la Región de Murcia a que abone las prestaciones por dependencia no percibidas a dos beneficiarias. En ambas, la magistrada-juez acredita un “incumplimiento de plazo que reviste las notas de esencial y significativo” causando un “funcionamiento anormal en la Administración”.

Asimismo, una de las sentencias reconoce a los herederos de una mujer dependiente ya fallecida a cobrar las ayudas que no llegó a percibir a causa de estas dilaciones -más del doble de lo que establece la Ley- con los intereses correspondientes.

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El TSJM traslada a la Fiscalía que dictamine si se imputa a la alcaldesa de Cartagena por prevaricación

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Abadía, instructor de las Diligencias 2/2013 sobre prevaricación administrativa, ha acordado, en auto notificado hoy, dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de 30, emita dictamen sobre si debe tomarse declaración en calidad de imputada a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y sobre el órgano jurisdiccional competente para seguir conociendo de las presentes actuaciones.

Además, en dicha resolución, junto a otras diligencias documentales dirigidas al ayuntamiento de Cartagena, se acuerda desestimar los recursos interpuestos por la defensa del inculpado Francisco Marqués Fernández y Rafael Galea Expósito; y de igual modo se desestima la  personación de Hansa Urbana S.A. en la actual fase procesal.

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El TSJM traslada a la Fiscalía que dictamine si se imputa a la alcaldesa de Cartagena por prevaricación

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Abadía, instructor de las Diligencias 2/2013 sobre prevaricación administrativa, ha acordado, en auto notificado hoy, dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de 30, emita dictamen sobre si debe tomarse declaración en calidad de imputada a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y sobre el órgano jurisdiccional competente para seguir conociendo de las presentes actuaciones.

Además, en dicha resolución, junto a otras diligencias documentales dirigidas al ayuntamiento de Cartagena, se acuerda desestimar los recursos interpuestos por la defensa del inculpado Francisco Marqués Fernández y Rafael Galea Expósito; y de igual modo se desestima la  personación de Hansa Urbana S.A. en la actual fase procesal.

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El Supremo admite el recurso de los Regantes del Tajo-Segura contra las tarifas aprobadas en 2012

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso Contencioso-Administrativo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra la Administración General del Estado y contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que pide la anulación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2012 sobre la aprobación de las nuevas tarifas que entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el 8 de marzo de 2012.

El Sindicato de Regantes alegó en su recurso la naturaleza jurídica de la tarifa, señalando su condición de tasa. Asimismo, que la nueva tarifa se olvida de las medidas beneficiosas aprobadas en una serie de Decretos Ley, de declarar exentos los gastos fijos y los variables de la anterior tarifa a los usuarios, en compensación por la situación de sequía que hubo durante los ejercicios 2005 a 2009, dando cuenta del “injustificado cambio de criterio que efectuaba la administración”.

El régimen económico de explotación del Acueducto Tajo-Segura comprende de unos gastos fijos de funcionamiento (incluyen los de mantenimiento del servicio, conservación de obras e instalación, administración y generales de organismos gestores) y unos gastos variables (gastos de adquisición de agua, consumo de energía y servidumbres de peso establecidas). Sobre la forma de calcular los gastos fijos, la Sala recuerda la sentencia del 13/02/1999 (núm. 735/1995) donde manifestó que la Ley dispone de “una previsión anual de los gastos de funcionamiento necesarios para efectuar la explotación”, que obliga a la “liquidación formal del presupuesto o a la toma en consideración de su resultado”.

Y en cuanto a los gastos variables de funcionamiento, la sentencia citada señaló que “son gastos de carácter proporcional al volumen de agua suministrada". Se trata de efectuar una distribución entre la suma a que ascienda la previsión de los gastos variables de funcionamiento indicados y la también previsión sobre el volumen del agua que pueda suministrarse o vaya a ser suministrada.

El día 20 de enero de 2012, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura confeccionó la propuesta de tarifas del ejercicio 2011 que incluyeron los gastos fijos del trasvase y sus respectivas liquidaciones parciales, las cuales se calcularon “como diferencia entre las cantidades facturadas en el ejercicio correspondiente y gastos realmente efectuados en ese ejercicio”, descontando, además, los importes facturados durante los ejercicios precedentes. Idéntico criterio se siguió en relación con los gastos variables de funcionamiento.

Las nuevas tarifas aprobadas se elaboraron, por tanto, teniendo en cuenta “tanto la previsión de gastos fijos y variables de funcionamiento como la liquidación de los presupuestos anteriores pendientes de liquidación”. Consideraron, entre otras partidas, tanto la realidad y previsión de gastos fijos y variables de funcionamiento de los ejercicios anteriores, como la liquidación de los presupuestos de tales años que aún no habían sido ajustados formalmente.

Por ello, la Sala estima el recurso, no porque exista un precedente administrativo y, por tanto, no pudiera cambiarse de criterio, sino porque en las liquidaciones parciales resultantes de la aplicación de aquéllas se estaban incluyendo gastos que legalmente no eran exigibles, al haber sido declarados exentos.

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El Supremo admite el recurso de los Regantes del Tajo-Segura contra las tarifas aprobadas en 2012

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso Contencioso-Administrativo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra la Administración General del Estado y contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que pide la anulación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2012 sobre la aprobación de las nuevas tarifas que entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el 8 de marzo de 2012.

El Sindicato de Regantes alegó en su recurso la naturaleza jurídica de la tarifa, señalando su condición de tasa. Asimismo, que la nueva tarifa se olvida de las medidas beneficiosas aprobadas en una serie de Decretos Ley, de declarar exentos los gastos fijos y los variables de la anterior tarifa a los usuarios, en compensación por la situación de sequía que hubo durante los ejercicios 2005 a 2009, dando cuenta del “injustificado cambio de criterio que efectuaba la administración”.

El régimen económico de explotación del Acueducto Tajo-Segura comprende de unos gastos fijos de funcionamiento (incluyen los de mantenimiento del servicio, conservación de obras e instalación, administración y generales de organismos gestores) y unos gastos variables (gastos de adquisición de agua, consumo de energía y servidumbres de peso establecidas). Sobre la forma de calcular los gastos fijos, la Sala recuerda la sentencia del 13/02/1999 (núm. 735/1995) donde manifestó que la Ley dispone de “una previsión anual de los gastos de funcionamiento necesarios para efectuar la explotación”, que obliga a la “liquidación formal del presupuesto o a la toma en consideración de su resultado”.

Y en cuanto a los gastos variables de funcionamiento, la sentencia citada señaló que “son gastos de carácter proporcional al volumen de agua suministrada". Se trata de efectuar una distribución entre la suma a que ascienda la previsión de los gastos variables de funcionamiento indicados y la también previsión sobre el volumen del agua que pueda suministrarse o vaya a ser suministrada.

El día 20 de enero de 2012, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura confeccionó la propuesta de tarifas del ejercicio 2011 que incluyeron los gastos fijos del trasvase y sus respectivas liquidaciones parciales, las cuales se calcularon “como diferencia entre las cantidades facturadas en el ejercicio correspondiente y gastos realmente efectuados en ese ejercicio”, descontando, además, los importes facturados durante los ejercicios precedentes. Idéntico criterio se siguió en relación con los gastos variables de funcionamiento.

Las nuevas tarifas aprobadas se elaboraron, por tanto, teniendo en cuenta “tanto la previsión de gastos fijos y variables de funcionamiento como la liquidación de los presupuestos anteriores pendientes de liquidación”. Consideraron, entre otras partidas, tanto la realidad y previsión de gastos fijos y variables de funcionamiento de los ejercicios anteriores, como la liquidación de los presupuestos de tales años que aún no habían sido ajustados formalmente.

Por ello, la Sala estima el recurso, no porque exista un precedente administrativo y, por tanto, no pudiera cambiarse de criterio, sino porque en las liquidaciones parciales resultantes de la aplicación de aquéllas se estaban incluyendo gastos que legalmente no eran exigibles, al haber sido declarados exentos.

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La concesionaria del aeropuerto de Murcia no tendrá que devolver el aval de 182 millones de euros

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murciaha acordado por auto la suspensión de la ejecución de las Órdenes de 17 de enero y 24 de febrero de 2014 del Consejero de Economía y Hacienda de la CARM.

Medida solicitada por Aeromur y a la que expresamente ha prestado su conformidad la Administración demandada. Todo ello, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en el proceso.

Mediante estos actos, suspendidos ahora como medida cautelar, se declaró la obligación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia S.A. de reembolso al Tesoro Público Regional de 182.628.215 euros.

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La concesionaria del aeropuerto de Murcia no tendrá que devolver el aval de 182 millones de euros

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murciaha acordado por auto la suspensión de la ejecución de las Órdenes de 17 de enero y 24 de febrero de 2014 del Consejero de Economía y Hacienda de la CARM.

Medida solicitada por Aeromur y a la que expresamente ha prestado su conformidad la Administración demandada. Todo ello, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en el proceso.

Mediante estos actos, suspendidos ahora como medida cautelar, se declaró la obligación de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia S.A. de reembolso al Tesoro Público Regional de 182.628.215 euros.

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La Sala Especial acepta la recusación de cuatro magistrados de la AP de Murcia

La Sala Especial del art. 77.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha acordado aceptar la recusación de los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, José Manuel Nicolás Manzanares (presidente), Miguel Ángel Larrosa Amante, Matías Manuel Soria Fernández Mayoralas y Fernando Fernández-Espinar López, para el conocimiento del procedimiento abreviado 56/2013, solicitada por la representación de Daniel García Madrid, Santiago Meroño León y Miguel Pérez Martínez.

En la fundamentación se destaca que los propios magistrados “recusados admiten en su informe que dada la intervención que han tenido en los Autos antes referidos que acordaban la revocación del auto de sobreseimiento dictado por el Juez instructor, así como desestimar el recurso de apelación interpuesto por los recusantes contra el Auto de este último que decide seguir las Diligencias Previas por los trámites del Procedimiento Abreviado, admiten que pueden estar incursos en la causa de recusación alegada”.

Así, la Sala estima la recusación formulada, por entender que tal circunstancia es suficiente para considerar que existe una sospecha razonable sobre la imparcialidad objetiva de los referidos magistrados con base en la causa 11ª del art. 219 LOPJ ("haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia").

Por tanto, se acuerda que, continúe conociendo de la causa, hasta su terminación, aquellos magistrados de la Audiencia Provincial de Murcia a los que corresponda sustituir a los recusados.

La resolución es firme y no cabe recurso alguno.

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