Región de Murcia

El juez rechaza la demanda de un ex jugador contra el Real Murcia por falta de legitimación pasiva

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia ha desestimado la demanda de incumpliendo de convenio del futbolista franco-marroquí Abderrahman Kabous contra el Real Murcia por falta de legitimación pasiva.

En octubre de 2013 se registro demanda incidental, interesando la declaración de incumplimiento de convenio en el concurso número 103/09 contra el club. En la demanda se alegaba que el jugador era acreedor del Real Murcia, con quien acordó la rescisión de su contrato en fecha 19 de agosto de 2009 en el marco del Expediente de Regulación de Empleo tramitado en el concurso de acreedores numero 103/09, pactado con el Club una indemnización y liquidación de 290.000 euros (con abono al día siguiente de 60.000 euros y el resto de conformidad con la propuesta de convenio anticipado).

Así, el demandante basa su pretensión en que la entidad deudora, tras la aprobación del convenio, solamente le ha abonado el primer plazo, correspondiente al 10% y que ha requerido a la entidad ahora demandada en sucesivas ocasiones para que le abonase el segundo plazo, sin que se haya atendido.

Demanda que se desestima al considerarse en la resolución que “al no ser parte del convenio, los acreedores contra la masa, aunque sean anteriores a la declaración judicial de concurso, carecen de legitimación para solicitar esa declaración, al igual que los créditos con privilegio especial que no hayan votado a favor de la propuesta, y que por ello no resultan afectados por su contenido”.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

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Un juez impone 10.000 euros de indemnización para una mujer víctima de “violencia psíquica habitual”

El Juzgado de lo Penal número 3 de Cartagena ha reconocido una indemnización de 10.000 euros a una mujer los daños morales sufridos como víctima de un delito de violencia psíquica habitual.

La resolución considera probado que desde el comienzo de la relación, el acusado ha venido sometiendo a su mujer y en el domicilio común a reiterados episodios de insultos, menosprecios y amenazas, hasta generar una situación de dominación y sumisión en aquella.

Y añade que tales episodios venían provocados por las continuas infidelidades del acusado y por la negativa a su reconocimiento, pese a ser sorprendido en algunas de ellas. Expresiones del tipo “no vales para nada”, “estás loca”, “todo está en tu cabeza”, lo que tienes que hacer es obedecerme”, y otras, según recoge la resolución, se repetían en el domicilio familiar durante años y en presencia de sus hijos.

El juzgado condena al acusado por un delito de violencia psíquica habitual, a las penas de dos años de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de cinco años, y prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Igualmente se condena al acusado por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer, a setenta días de trabajos en beneficio de la comunidad (o su equivalente de diez meses de prisión caso de no prestar su consentimiento a los trabajos).

Y en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por daños morales, más los intereses legales. A la hora de cuantificar el daño para establecer la responsabilidad civil, la resolución tiene en cuenta la pérdida del “bienestar mínimo para disfrutar de una vida satisfactoria”.

Además, la sentencia acuerda mantener cualquier medida cautelar penal de carácter personal que haya sido acordada contra el acusado hasta la firmeza de la presente resolución.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

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El TSJ de Murcia declara procedente un despido por fumar en los vestuarios de una empresa alimentaria

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha declarado procedente el despido de un trabajador de una empresa alimentaria que fue sorprendido fumando en los vestuarios.

En la resolución, que revoca la dictada en instancia, además de recoger la prohibición genérica de la Ley 28/2005, en los centros de trabajo públicos y privados, “con lo que la empresa no puede ser tolerante con dicha práctica pues media un imperativo legal”; subraya el Convenio Colectivo de Industrias de Conservas Vegetales, que considera falta Muy Grave (Art. 52.9) "Fumar en los lugares en que este prohibido por razones de seguridad e higiene. Esta prohibición deberá figurar muy claramente en los lugares indicados por medio de carteles, banderas o cualquier otro sistema conveniente".

El trabajador había sido  sancionado anteriormente por una falta grave del artículo 51.11 del Convenio Colectivo por provocar un accidente laboral (18-2-09) y por una falta leve del artículo 53.1 del Convenio Colectivo por desobediencia (27-12-10).

La sentencia puntualiza que la empresa pertenece al sector de alimentación, “lo que enfatiza la necesidad de la mayor higiene”. Y, en este caso, se consideró probado que en las instalaciones de la empresa existen carteles con la prohibición de fumar en todo el recinto; y en concreto, en la entrada del vestuario de caballeros existe un cartel con la leyenda "Prohibido fumar. Real Decreto 192/1988", y otro indicando que "Tras las últimas auditorías recibidas por parte de diversos clientes y entidades, hemos recibido numerosas NO CONFORMIDAD y AVISOS por TABACO. Se recuerda que ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL RECINTO. En caso de nuevas incidencias se actuará con toda la severidad que permita la Ley contra las personas que no respeten estas normas, incluido el despido procedente si fuera necesario".

Por último la resolución subraya, además, que no cabe desconocer que en un vestuario existen normalmente prendas combustibles, lo que desaconseja la existencia de cualquier medio de ignición como puede ser un cigarrillo encendido, que afecta a la seguridad.

Nota: Esta noticia ha sido elaborada por Comunicación del TSJ de Murcia a los efectos informativos y carece de vinculación legal con la sentencia.

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El Juzgado de Instrucción 7 de Murcia ratifica la prision provisional para los tres detenidos por la muerte de una pareja holandesa

TSJ de Murcia informa

ORGANO

INSTRUCCIÓN 7 MURCIA

DILIGENCIA 505.6 LECr. RATIFICACIÓN PRISIÓN PREVENTIVA

ASUNTO

MUERTE VIOLENTA PAREJA HOLANDESA

MURCIA 07/06/2013.

El juzgado de Instrucción 7 de Murcia incoó las DP 3045/13 dos días después de la desaparición de Ingrid Visser y Lodewjik Severein, tras denuncia sobre la misma, dando cobertura judicial a la investigación policial en marcha.

Posteriormente se practicaron diversas diligencias de investigación que permitieron la detención del ciudadano español J.C.L. Quien, de modo voluntario, condujo a la Comisión Judicial junto a los miembros de la Policía Judicial y Científica al lugar donde se encontraron los restos de los dos desaparecidos. Procediendo, el día 26 de mayo, al levantamiento de los cadáveres.

Esta circunstancia fue determinante para impulsar el curso de la investigación en marcha, y al día siguiente se procedió a la detención de dos ciudadanos rumanos, I.V. y S.C., también imputados en este procedimiento.

Tras cotejar las muestras de ADN de los fallecidos con sus familiares y una vez los médicos del Instituto de Medicina Legal de Murcia analizaron los restos mortales, se llegó a una primera conclusión provisional consistente en que ambos habrían fallecido por un traumatismo craneoencefálico, estando aún por determinar la manera en que éste se produjo, es decir, el tipo de objeto con el que presuntamente fueron golpeados.

En el día de hoy, teniendo en cuenta que la detención y posterior ingreso en prisión provisional se produjo en el partido judicial de Valencia, procede hoy a este juzgado ratificar o modificar esa medida cautelar, tal como prevé el artículo 505.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Permitiendo a I.V. y S.C. declarar ante la autoridad judicial por primera vez y a J.C. ampliar su declaración prestada en Valencia.

Igualmente se ha llevado a cabo esta mañana una diligencia de rueda de reconocimiento de los tres imputados. Diligencias ambas que han de practicarse con la máxima celeridad según prevé la ley.

Nos encontramos en una fase inicial del procedimiento penal, denominada Fase de Instrucción o de Investigación Judicial, y una vez practicadas las diligencias necesarias previsiblemente se deberá acordar por el juzgado competente la transformación del asunto al procedimiento de Jurado. Tramitación ésta que, también lleva consigo determinadas actuaciones de instrucción específicas de este tipo de procedimiento; para que, concluida esta fase, se pueda, en su caso y siempre que así proceda, abrir el Juicio Oral con Tribunal Jurado, que se celebraría en la Audiencia Provincial de Murcia.

En el curso de la investigación, declarada secreta, es parte presente y es conocedor de las actuaciones, el representante del Ministerio Fiscal, que ejercita la acción pública en interés del Estado; estando asistidos los tres imputados por sus respectivos letrados en la práctica de aquellas diligencias que les afecten de forma directa.

En el día de hoy, 7 de junio, el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, quien dirige la instrucción, ha acordado ratificar la prisión provisional impuesta, en la medida en que se considera que los indicios de criminalidad existentes contra los tres detenidos, son bastantes para estimarlos, siempre de forma presunta, responsables del hecho de la muerte de los dos ciudadanos holandeses. Y, sin perjuicio, de que en el curso de la investigación se determine la posible implicación de otras personas.

Esta medida cautelar que se adopta, tras interesarlo el Ministerio Fiscal –en cuanto a que se mantenga la prisión provisional-, con el fin de evitar que los imputados puedan evadirse a la acción de la Justicia, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las penas señaladas para los posibles delitos.

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La Audiencia de Murcia iguala un régimen de visitas amplio a la custodia compartida

La sentencia Sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia (SAP MU 1537/2012) recogiendo la jurisprudencia más reciente sobre guarda y custodia compartida señala que para que este régimen funcione correctamente “debe ser algo que de hecho viniera funcionando anteriormente a la crisis matrimonial” y explica que no se trata de una implicación “necesariamente al 50%”, sino de que exista un alto grado de compromiso con los menores en todas las actividades y decisiones respecto a los mismos.

Así, en el supuesto la sala estima que procede declarar la custodia compartida por entender que es la más favorable para los menores. Y ello porque existe implicación de ambos en el cuidado y atención de los menores; no se puede dudar de las aptitudes personales de ninguno; los menores presentan una relación adecuada y positiva con ambos progenitores; la edad de los menores, entre 7 y 11, pueden colaborar al buen funcionamiento de la custodia compartida; ambos tienen un domicilio estable, con las condiciones necesarias para facilitar la pernocta y el estudio; los progenitores tienen un horario laboral que les permite atender a sus hijos fácilmente. En definitiva, el tribunal entiende que ambos progenitores “reúnen las características necesarias para desarrollar una custodia compartida, tal como de hecho viene desarrollándose hasta este momento con buenos resultados”.  

La resolución, al alterar el régimen de custodia, recoge una serie de efectos sobre el resto de medidas: uso de domicilio familiar; régimen de estancia; pensión de alimentos; abono de préstamo hipotecario y atribución de vehículos.

En cuanto al régimen de estancia, el tribunal estima que la sentencia apelada fija un régimen de visitas a favor del padre de carácter tan amplio que de hecho supone una guarda y custodia compartida; por lo que desestima la pretensión del apelante de un mes alterno, y fija un régimen en el que en cada mes cada uno de los progenitores pernocta con sus hijos un mínimo de 14 días y un máximo de 16, tal y como recomendaba el equipo psicosocial.

Sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Ángel Larrosa Amante.

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Audiencia Murcia. Promociones Framadal vs. Administración Concursal en minuta abusiva y contraria a los intereses de la masa concursal

La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado la sentencia 00030/2012 por la que desestima el recurso presentado por la empresa Promociones Framadal, S.L. contra la resolución de un Juzgado de los Mercantil de Murcia que acordó rebajar el importe de la minuta del abogado de esta empresa, que se encuentra en una situación de concurso de acreedores.

La Audiencia falla que dicha minuta fue abusiva y contraria a los derechos de los intereses de la masa concursal.  El abogado había presentado una minuta de 399.724 euros por su asesoramiento, mientras que la Administración Concursal de la empresa la había reducido a 52.700 euros, decisión que fue respaldada por el Juzgado Mercantil.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia resuelve el incidente concursal planteado por la empresa para que la masa concursal afrontara ese crédito de 399.724 euros.

Se adjunta la sentencia número 00030/2012 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 19 de enero de 2012.

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La Audiencia confirma la rebaja de la pensión de alimentos a un trabajador que perdió capacidad económica por la crisis en la construcción

El tribunal ha tenido en cuenta para rebajar la pensión alimenticia “que la situación de paro actual no es equiparable a la que tenía cuando se fijó la pensión de alimentos. En aquél momento (año 2002), tal y como resulta de la vida laboral, se alternaban periodos de paro (con cobro de la prestación de desempleo) con otros de trabajo, por lo que tenía de forma continuada ingresos económicos”. Sin embargo, recoge el fundamento jurídico segundo de la sentencia, en la actualidad, dada la crisis económica y extensión del paro en la construcción, se evidencia que la situación de desempleo es duradera en el tiempo, de ahí que es razonable concluir que su capacidad económica es inferior a la que tenía entonces, y por ello, “teniendo en cuenta que los alimentos han de cuantificarse en función no sólo de las necesidades de quien los recibe, sino también en la capacidad económica del obligado a prestarlos ( art. 146 CC ), debe concluirse, como hace la sentencia de primera instancia, que resulta ajustado a derecho la rebaja en su importe, por lo que debe rechazarse el recurso de apelación planteado”.

En principio, según concluye la sentencia, la desestimación del recurso conlleva la imposición a la apelante de las costas causadas en esta segunda instancia, si bien cabe apartarse del principio del vencimiento cuando concurran serias dudas de hecho o de derecho (arts. 398 y 394 LEC). Así, en el presente caso, “teniendo en cuenta que el comportamiento del actor se ha calificado como desatento al cumplimiento de sus obligaciones, así como el largo historial de incumplimientos del mismo, la Sala considera que concurren serias dudas de hecho que dispensa de la citada condena”.

Se adjunta la SENTENCIA 667/2011. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA. SECCIÓN 4

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La Audiencia de Murcia condena a Telefónica por cortar el teléfono a un cliente ante el impago de un ADSL que no había contratado

La Audiencia de Murcia ha condenado a la compañía Telefónica de España a indemnizar con 3.000 euros a un cliente al que cortó el servicio general del teléfono y lo incluyó en un registro de morosos ante el impago de un servicio de ADSL que no había solicitado.

La Audiencia considera evidente el incumplimiento de la compañía a la hora de prestar sus servicios al abonado, al haber concertado de modo unilateral un servicio de ADSL que no había pedido, al girar facturas por tal servicio, pese a no haberlo utilizado, al cortarle el servicio general de llamadas y al incluirlo en un registro de morosos sin fundamento alguno.

La sentencia considera que este comportamiento de la compañía debe ser sancionado porque repercutió en la posibilidad de comunicación del abonado, por su condición de escultor y fontanero, y supone un perjuicio moral importante al tener que estar luchando con Telefónica desde julio de 2008 hasta la actualidad.

La Audiencia Provincial de Murcia condena a la compañía a pagar los 3.000 euros reclamados por el demandante en concepto de daños y perjuicios.

Se adjunta la sentencia.

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